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La restitución de restos de la comunidad Warpe en San Juan y las marcas del Estado colonial

Durante el Enredando Las Mañanas de este lunes 7 de agosto, tuvimos comunicación con Nadia, del pueblo Warpe en la provincia de San Juan, que nos contó que la comunidad del territorio de Cuyún se hizo presente en la Sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, para debatir y exigir la restitución de los cuerpos de compañeras y compañeros de pueblos originarios, una demanda que atraviesa el país y nuestra historia, y que es muestra de la brutalidad de la conquista.

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Al respecto, Nadia explicó que “este proceso de exigencia de la restitución de restos, nuestra comunidad la inicia mucho antes de la existencia de la Ley de Restituciones de Restos. Nuestros ancestros y nuestros abuelos comenzaron a luchar acá desde el año 1964. Se crea el museo Domingo Faustino Sarmiento, junto con la Universidad Provincial en ese momento (…) para la exhibición de los cuerpos que fueran retirados de su lugar de enterramiento original, formando así una colección exhibida de dieciséis cuerpos”.

A partir de la sanción de la Ley de Restitución, se abre un panorama alentador para la restitución de restos de pueblos originarios; sin embargo, han tenido que continuar batallando y peleando para hacer efectiva esa ley.

Nosotros presentamos reiteradas veces notas directamente al museo, nunca a la Universidad. En su momento, la respuesta que recibimos de ellos fue mediáticamente, desestimando nuestra filiación genética con los cuerpos, desestimando nuestra autenticidad como representantes del pueblo Warpe. A partir de esto, es que se dio una gran discusión en el Consejo Superior: el por qué la ciencia aún sigue negando nuestra identidad, nuestra autodeterminación como pueblo, y planteamos que aún la Universidad sigue sosteniendo en la actualidad esos mismos discursos”, aclaró Nadia, para agregar que “si no hay pueblos presentes que reclamen sobre sus pertenencias, que defiendan sus territorios, refuerzan estos discursos que tienen una intencionalidad”.

Le preguntamos si las comunidades también están reclamando ser parte de estos espacios de debate en la Universidad y una participación activa en los Órganos de Consulta de la Universidad, a lo que explicó, “nosotros presentamos en 2011 un petitorio. Comenzamos un expediente, primero para que se aplique la Ley en las universidades, que son entes autónomos y autárquicos, y se rigen por las leyes nacionales. De ahí que nuestro pedido lo fundamentamos en que la Universidad, al ser un ente nacional, debe regirse por la ley 25.517”. Entre tanto, aclara, la realidad a nivel provincial es diferente, “ya que por su forma, las leyes provinciales ponen los restos humanos como cosas, como propiedad de las provincias, y esa es una discusión que se nos viene ahora, ya que la universidad tiene estos restos en carácter de ‘tenedoras’, y se instala la discusión de quién es el propietario de los cuerpos”.

Al respecto del proceder legal, Nadia nos comentó que “se conformaron dos Comisiones: una encargada de ver la aplicación de la ley nacional en el ámbito de la universidad. La ley tiene diversos puntos, como es el de realizar un exhaustivo inventario no sólo de los cuerpos, sino también de los ajuares y otros elementos, analizar las investigaciones que se vinieron haciendo, más allá de las que están publicadas. La otra comisión, que se forma con miembros de las comunidades dentro del Consejo Superior, se va encargar de revisar y tratar con las provincias las leyes de patrimonio provincial”.

En ambas comisiones hay participación de las comunidades, que fue algo que pedimos los grupos que representan a los pueblos. También la universidad tiene programas de apoyo a las comunidades, en donde tenemos nuestra propia voz, nuestros profesionales y decimos que queremos participar directamente nosotros. Y eso fue aceptado”.

Recientemente se nombró a Jimena Psathakis como presidenta del Instituto Nacional Indígena. Al respecto, le preguntamos cómo veían esta nueva designación y que conocen acerca de esta nueva designación.

Yo pertenezco a la Mesa Nacional del Consejo de Participación Indígena. Y los pueblos indígenas nunca fuimos consultados, nunca fuimos informados. Nosotros como Mesa Nacional, no hemos recibido una comunicación oficial de este cambio de autoridades. Venimos reclamando desde febrero de este año, que se realice una Mesa Nacional de participación indígena. Se reciben muchas críticas de algunos representantes, pero sabemos que es la única instancia de participación, donde las comunidades eligen a sus representantes, y es la instancia donde las comunidades deben discutir las políticas con el Estado Nacional. Por lo que vemos, y lo que está pasando en los territorios, es muy difícil que esto pueda llegar a cambiar o mejorar la relación con los pueblos originarios”.

Finalmente, esta comunicación dejó en evidencia la perspectiva del Estado en torno a los cuerpos de integrantes de pueblos originarios considerados como objetos, con una norme carga simbólica. Una mirada posible en el marco histórico de la construcción de un Estado Nacional colonialista y profundamente racista.

Nadia también nos deja su reflexión final, explicando que “como pueblo, repudiamos lo que sucedió en la comunidad Pu Lof Cushamen, y exigimos la aparición de Santiago Maldonado, porque nos parece que en un Estado de Derecho no pueden seguir sucediendo estas cosas”. Y continuío afirmando que “Los comentarios de la Ministra de Seguridad sobre el pueblo Mapuche, me resultaron muy graves. Reproduce esta mentalidad colonial, diciendo que los pueblos mapuches se organizan en comunidades para impedir que los pozos petroleros funcionen. Ya es bastante grave que estemos viviendo esta situación, y que la sociedad no reaccione de alguna manera. Hay una persona desaparecida, que fue llevada por Gendarmería. Esto es grave”.

Nadia refiere a la desaparición el pasado 1° de agosto de Santiago Maldonado en la represión última en el Pu Lof Cushamen en Resistencia, donde todos los testimonios indican que fue Gendarmería quien llevó adelante esta acción inadmisible en un Estado de Derecho.

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